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sábado, 15 de septiembre de 2018

Bombas en Yemen, barcos en Cádiz…: algunas preguntas


El Gobierno confirma la venta de 400 bombas a Arabia Saudí porque no halla "ninguna razón" para no realizarla
EFE
Me puedo poner en el lugar de los trabajadores de los astilleros de Cádiz. Y también me puedo poner en el lugar de los yemeníes bombardeados por los aviones saudíes y bloqueados por los barcos saudíes. Lo que no logro es ponerme en el lugar de la “izquierda” con responsabilidades de gobierno y entenderla: Vender armas a Arabia Saudí no es aceptable.
Tratado sobre el comercio de armas. Firmado y ratificado por España; en vigor desde diciembre de 2014.
Artículo 6. Prohibiciones
3.Un Estado parte no autorizará ninguna transferencia de armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, ni de elementos comprendidos en el 6 artículo 3 o el artículo 4, si en el momento de la autorización tiene conocimiento de que las armas o los elementos podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales, u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales en los que sea parte.
¿No tiene conocimiento el gobierno de España de que el Parlamento Europeo ha pedido a los países de la UE que no vendan armas a Arabia Saudí por sus actuaciones en Yemen? ¿No tiene conocimiento de esto la Sra. Presidenta de la Junta de Andalucía? ¿No tiene conocimiento de esto el Sr. Alcalde de Cádiz?
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Yemen (2017/2849(RSP)) 
15.  Pide al Consejo que promueva efectivamente el cumplimiento del Derecho internacional humanitario de acuerdo con lo establecido en las directrices pertinentes de la Unión; reitera, en particular, que todos los Estados miembros de la Unión deben aplicar de forma estricta las normas establecidas en la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo; recuerda, en este sentido, su Resolución, de 25 de febrero de 2016, sobre la situación humanitaria en Yemen, en la que pide a la VP/AR que ponga en marcha una iniciativa destinada a imponer un embargo de la UE a la venta de armas a Arabia Saudí, habida cuenta de las graves acusaciones de incumplimiento del Derecho internacional humanitario por este país en Yemen y que continuar autorizando la venta de armas a Arabia Saudí supondría, por tanto, una violación de la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo;
¿No tiene conocimiento el gobierno de España de que Naciones Unidas ha constatado en un informe reciente, agosto de 2018, la existencia de información documentada que sugiere fuertemente que todas las partes implicadas en el conflicto en Yemen, Arabia Saudí incluida, son responsables de violaciones de los derechos humanos y de crímenes de guerra? ¿No tiene conocimiento de esto la Sra. Presidenta de la Junta de Andalucía? ¿No tiene  conocimiento de esto el el Sr. Acalde de Cádiz?
108. The Group has reasonable grounds to believe that the parties to the armed conflict in Yemen have committed a substantial number of violations of international humanitarian law. Subject to a determination by an independent and competent court:
(a) Individuals in the Government and the coalition, including Saudi Arabia and the United Arab Emirates, may have conducted attacks in violation of the principles of distinction, proportionality and precaution that may amount to war crimes;
Por cierto, cuando se habla de “bombas de precisión” ¿qué significa? ¿Que si se quiere que caigan sobre un autobús escolar se puede conseguir que caigan sobre un autobús escolar? ¿Que si una “bomba de precisión” ha caído sobre un autobús escolar es porque se ha apuntado al autobús escolar? O igual un día de estos nos dicen que les han vendido “bombas de precisión” fraudulentas a los saudíes.
Me puedo poner en el lugar de los trabajadores de los astilleros de Cádiz. Me puedo poner en el lugar de Kichi, si es que lo que Kichi quiere es seguir siendo alcalde de Cádiz. Triste, pero,... ¡es lo que hay! Y les deseo que puedan dormir tranquilos la próxima vez que los saudíes hagan una salvajada en Yemen.
Y del gobierno de España, ¿qué? ¿Prevaricación?
Luis Morera Sanz

domingo, 10 de enero de 2016

Se agrava la situación de los derechos humanos en Arabia Saudí



El Viernes 9 de Enero de 2015, Raif Badawi recibió 50 latigazos en una plaza pública en Jeddah, Arabia Saudí, como primera parte de la sentencia de 1000 latigazos y 10 años de prisión a la que fue condenado en Mayo de 2014, bajo la acusación de violación de la ley saudí sobre información y tecnología, insultos al Islam, incluir en su blog artículos ofensivos para la Saudi Arabia’s Commision on the Promotion of Virtue and  Prevention of Vice (“policía religiosa”) y desobedecer a su padre. Raif no ha vueto a ser flagelado desde entonces, en un principio por razones médicas y después por causas desconocidas. Una selección de artículos publicados por Raif en su blog fue publicada el pasado Junio 2015.
En el año transcurrido desde entonces la situación de los derechos humanos en Arabia Saudí se ha deteriorado gravemente. Al menos 151 personas fueron ejecutadas entre enero y noviembre de 2015, la cifra mayor desde 1995. Cerca de la mitad de los ejecutados lo fueron por delitos que no deben, de acuerdo con la legislación internacional, ser castigados con la muerte. Recientemente, la ejecución de 47 personas en un solo día, incluyendo la del clérigo musulmán chiíta Nimr al-Nimr, ha producido convulsiones políticas graves en la región. Otros activistas chiíes,  Ali al-Nimr, Dawud al-Marhoon y Abdullah al-Zaher, eran menores de edad cuando fueron arrestados. Los tres han tenido juicios manifiestamente injustos y han sido condenados a muerte, en violación flagrante del derecho internacional, y basándose únicamente en "confesiones" obtenidas, según ellos, mediante tortura. El tribunal se ha negado a investigar estas denuncias de tortura.
Cada vez son más los defensores de derechos humanos condenados a largos años de prisión en virtud de la ley contra el terrorismo, en vigor desde febrero de 2014. Entre las muchas personas encarceladas está el  abogado de Raif Badawi, Waleed Abu al-Khair, primer defensor de los derechos humanos condenado en aplicación de esta ley, tras un juicio injusto. Tras él decenas más han sido encarcelados en aplicación de esta misma ley en 2015, incluyendo los defensores de derechos humanos Abdulkareem al-Khoder y Abdulrahman al-Hamid, ambos miembros fundadores de la Asociación Saudí por los  Derechos Civiles y Políticos, ACPRA, ahora disuelta, también en juicios injustos. Igualmente es de resaltar la sentencia a muerte dictada para el poeta palestino Ashraf Fayad, declarado culpable de apostasía –renuncia al Islam-  después de que un tribunal de apelación revocara la sentencia original de cuatro años de prisión y 800 latigazos.
Además de esta ofensiva contra los activistas de derechos humanos, Arabia Saudí  ha liderado una coalición militar que, desde marzo de 2015, ha llevado a cabo miles de ataques aéreos en zonas de Yemen controladas por grupos armados huthís. Cientos de civiles han muerto en estos ataques aéreos, que también han afectado a la infraestructura civil, incluyendo centros de salud, escuelas, fábricas, instalaciones eléctricas, puentes y carreteras.
La movilización internacional desarrollada durante este año en solidaridad con Raif Badawi ha elevado el debate sobre la situación de los derechos humanos en Arabia Saudí a niveles sin precedentes. Esto ha socavado gravemente la imagen que las autoridades saudíes han intentado crear sobre los derechos humanos en el país y ha proporcionado algunos resultados muy importantes, como la cancelación por Suecia de un contrato de venta de armas con Arabia Saudí, después de que la ministro de Relaciones Exteriores de Suecia expresara públicamente su indignación sobre su condena. También dio lugar a la primera resolución de la UE reprobando a  Arabia Saudí por su historial de derechos humanos, así como a numerosas intervenciones públicas de líderes europeos y norteamericanos condenando la sentencia de Raif y pidiendo su liberación. En Diciembre de 2015 el Parlamento europeo otorgó a Raif Badawi el premio Sajarov a la libertad de pensamiento. 
La Alta Representante de Política Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, ha mostrado su rechazo a la pena de muerte. El gobierno español en funciones, que se ha adherido a las declaraciones de Mogherini, debe condenar las ejecuciones llevadas a cabo y solicitar públicamente que Raif Badawi y todos los demás presos de conciencia sean liberados. Dadas las relaciones bilaterales entre España y Arabia Saudí, las autoridades españolas no han sido suficientemente contundentes en sus declaraciones sobre la situación de violación de derechos humanos en el país. 
Amnistía Internacional  tiene en marcha una ciberacción para exigir la liberación del bloguero, que lleva ya más de 150.000 firmas recogidas.-
lm

lunes, 12 de octubre de 2015

Informe /// La cementera COSMOS no podrá incinerar residuos

La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba ha puesto en marcha el expediente para declarar fuera de ordenación urbana a la cementera Cosmos (antigua Asland), que de ese modo no podrá incinerar residuos.
Edward Burtynsky
Con esta decisión, PSOE e IU, las dos organizaciones políticas que gobiernan el Ayuntamiento de la ciudad, cumplen el compromiso contraído en Mayo pasado, en plena campaña electoral, cuando firmaron el "Pacto por un aire Limpio", suscrito también por el resto de grupos políticos y candidaturas que se presentaron a las elecciones municipales.
Cuando el Pleno del Ayuntamiento ratifique el expediente y adopte dicho acuerdo, posiblemente el próximo mes de noviembre, culminará un largo proceso que comenzó hace diez años y en cuya resolución han sido determinantes la presencia, el compromiso y las actuaciones del movimiento ciudadano.
Estos son los momentos más importantes del proceso:
Junio de 2005
La cementera presenta en la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Córdoba una solicitud de Autorización Ambiental Integrada (AAI), que es sometida a información pública en el BOP 223 del 30/12/2005. No se presentan alegaciones. Aprobada con fecha 2/03/2007, autoriza a la empresa a utilizar como combustible hasta 14200 de plásticos agrícolas, 26100 T de neumáticos, 54500 T de lodos de tratamiento de aguas residuales urbanas y 43500 T de residuos municipales mezclados, lo que supondría hasta un máximo del 30% del combustible total utilizado.
Pero la concesión de la AAI no es suficiente para poder iniciar la actividad: se requiere además que el Ayuntamiento conceda las correspondientes licencias municipales de obra, actividad y puesta en marcha.
Septiembre de 2007
Comienza a organizarse en la ciudad un movimiento de rechazo a la coincineración prevista en la AAI. Promovido inicialmente por Asociaciones de Vecinos (AAVV) del entorno más cercano y organizaciones ecologistas, poco después se amplía hasta constituirse la Plataforma Córdoba Aire Limpio (PCAL), en la que participan diversas AAVV, Consejos de Distrito, y grupos políticos y ecologistas, hasta un total de 31 entidades.
Paralelamente, la empresa anuncia su intención de renunciar a la quema de residuos y que mantendría en su totalidad el uso de combustibles tradicionales. 


Noviembre de 2007
La Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Córdoba informa, en una respuesta escrita a una pregunta del Grupo Municipal popular que “el gobierno municipal, en la persona de la Alcaldesa Rosa Aguilar, manifestó el compromiso político y la voluntad de no dejar que la fábrica lleve a cabo esta actividad” y que “Este ayuntamiento, se felicita por la decisión de Cosmos en cuanto a su renuncia a la quema de residuos, así como el anuncio del aumento de la producción y aplicación de mejoras técnicas para la reducción de emisiones de CO2. Igualmente ratifica que la quema de residuos no puede ser una fuente de producción de energía en la planta de Cosmos ubicada en Córdoba, por el daño objetivo, que se causa a los vecinos más próximos a sus instalaciones y por el empeoramiento que supondría de las condiciones ambientales que afectan a la ciudad.”
Julio de 2012
La PCAL solicita a la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Córdoba la declaración de caducidad de la AAI, alegando indefensión de las partes interesadas, incompatibilidad de la incineración de residuos potencialmente peligrosos con el PGOU de Córdoba, consideraciones sobre la naturaleza y destino de los vertidos emitidos a cauce público y a la red municipal de saneamiento, peligrosidad de las emisiones y existencia de “Mejores Técnicas” para el tratamiento de residuos que la incineración en cuanto a su impacto ambiental. 

Diciembre de 2013
La Delegación de Medio Ambiente de la Junta en Córdoba declara la caducidad de la AAI concedida en Marzo de 2007, tras constatar que la empresa no ha realizado las obras previstas en el Proyecto autorizado –que deberían haber estado terminadas en Marzo de 2012- así como que tampoco han tramitado las correspondientes licencias municipales de obra para esta actividad.
Durante los trámites la empresa presentó un Acta Notarial en la que se manifiesta la existencia de obras relacionadas con el proyecto. Visitas posteriores a las instalaciones, tanto de técnicos del Ayuntamiento como de la Junta de Andalucía, informan de que no han detectado la existencia de obras relacionadas con el proyecto autorizado.
A J González
Febrero – Octubre 2015.
La AAI no es condición suficiente pero sí necesaria para la incineración de residuos. La anulación de la AAI significaba, pues, la imposibilidad legal para la empresa de llevar a cabo esta actividad. Sin embargo, en Febrero de 2015 la situación da un vuelco cuando el Viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta acepta el recurso de alzada presentado por la empresa en enero de 2014 contra la declaración de caducidad de la AAI, interpretando que el plazo de 5 años para la ejecución de las obras debe contabilizarse a partir de Enero de 2012 (fecha de la entrada en vigor de la norma que establece este plazo) y no a partir de Marzo de 2007 (fecha de notificación de la AAI), y sin entrar a considerar todos los demás argumentos -amplios y bien documentados- que motivaron la decisión inicial de caducidad.
A partir de este momento se reactiva el movimiento ciudadano contra la incineración de residuos en la fábrica de cemento, protagonizado de nuevo por la PCAL. Además de anunciar la intención de recurrir por todos los cauces legales posibles la decisión del Viceconsejero, promueve en Mayo de 2015 un documento, “Pacto por un Aire Limpio”, que firman todos los grupos políticos y candidaturas que se presentan a las elecciones municipales que iban a tener lugar días después, y que dice en su punto 1º:
Que, una vez quede constituida la nueva Corporación Local cordobesa, en el primer Pleno “útil”, que se celebre, se presentará una moción, en la que acuerde el inicio de la revisión de la calificación del emplazamiento de la cementera de la empresa CEMENTOS COSMOS SUR S.A., establecida en el actual PGOU declarándola formalmente “fuera de ordenación urbana” a fin de evitar que en ella se puedan establecer ampliaciones o cambio de actividades no adecuadas.
Esta declaración no impediría a Cosmos continuar con la producción de cemento pero sí la incineración de residuos, ya que no podría recibir las licencias de obra necesarias para ello. 
Un asunto pendiente: el traslado de la cementera 
Cuando en el Pleno de noviembre todos los grupos municipales, en coherencia con lo que firmaron en Mayo, ratifiquen la propuesta de la Gerencia Municipal de Urbanismo, todavía quedará pendiente resolver el problema que supone para la ciudad la existencia de una cementera en pleno casco urbano.
Cordópolis
La fábrica de cemento de Córdoba (originalmente Asland) se instaló en nuestra ciudad en 1931. Entonces estaba situada relativamente alejada del núcleo de población –aunque con casas “muy modestas” muy cerca. En los años 60 su plantilla era de unos 300 trabajadores. La crisis del sector de la construcción ha supuesto un descenso drástico en su actividad y actualmente la plantilla es, tras varios EREs, de apenas 40 trabajadores. Con el crecimiento de la ciudad  ha pasado a estar localizada prácticamente en pleno casco urbano.
La fábrica no puede seguir indefinidamente en su localización actual. Por lo que se debe abrir, a partir de ahora, un periodo de transición, de duración razonable, en el que los intereses de los trabajadores y sus puestos de trabajo sean debidamente considerados, para que la fábrica se traslade a otra ubicación, alejada de zona urbana.
Pedimos a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Córdoba una defensa clara y firme de la seguridad y salud de la población cordobesa, así como de estricto cumplimiento de las normas en materia de evaluación del impacto en salud y ambiental de las actividades industriales. LMS

*

Para saber más: http://www.cordobaairelimpio.org/. Véase especialmente:
ü  Mapa del cáncer en España.
ü  Incineradoras e incidencia de cáncer.