COMUNICADO
DE LA PLATAFORMA “LA FILMOTECA SE QUEDA”
“Los daños
son menores: estamos haciendo un análisis de la situación y en cuanto podamos
daremos detalles”, ha declarado el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez,
acerca del daño causado a parte de los libros de la Filmoteca de Andalucía que
se encontraban en el C3A.
La videoteca
y la biblioteca de la Filmoteca (estamos hablando de 18.000 películas y 13.000
libros) se trasladaron al C3A en diciembre de 2016 por decisión personal de
Rosa Aguilar, consejera de Cultura entonces. Un tercio de estos libros se
distribuyó en las estanterías disponibles en el C3A. El resto, contenidos en
250 cajas, se almacenó, sobre palés, en un sótano de este mismo edificio.
En
septiembre de 2017 el director artístico del C3A, Álvaro Rodríguez Fominaya,
indicó a los responsables de la Filmoteca que tenía necesidad del sótano donde
se encontraban los libros y, en consecuencia, dispuso el traslado de las 250
cajas a otro sótano. Allí se depositaron directamente sobre el suelo. Los
empleados de la Filmoteca advirtieron a su gerente sobre la improcedencia del
almacenaje en este nuevo sótano, puesto que en el mismo se ubicaban dos
depósitos de gasoil destinados a cubrir las necesidades de calefacción y
refrigeración del C3A.
El gerente
de la Filmoteca, en reunión celebrada poco después con el director general de
Innovación Cultural y del Libro de la Consejería de Cultura, Antonio José
Lucas, le informó sobre estas peligrosas condiciones en el almacenaje de los
libros. Ante la muda estupefacción del director general al conocer la noticia,
Juan Antonio Álvarez Reyes, director del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y
responsable administrativo del C3A, también presente en la reunión, argumentó
que sus técnicos avalaban ese traslado y garantizaban la preservación de los
libros, a pesar de su convivencia con los depósitos de gasoil. Tras esta
reunión, en la que igualmente estuvo presente Álvaro Rodríguez Fominaya, la
Consejería de Cultura no adoptó ninguna medida ni decisión que modificara y
corrigiera la situación.
El resto es
conocido. Tras una operación de mantenimiento de las maquinarias del C3A, se
produjo un vertido de gasoil que afectó, como no podía ser menos, a los libros.
El consejero
de Cultura dice que están “haciendo un análisis de la situación”. Pero olvida
informar a los ciudadanos sobre el emprendimiento de las correspondientes
depuraciones de responsabilidad de cuantos han incurrido en esta desafortunada
chapuza. Cualquier servidor público tiene la obligación ineludible de velar por
el patrimonio que es de todos y aquel que, por negligencia, por desdén, por
pereza o por mala voluntad, no haya cumplido escrupulosamente con este deber,
debe ser sancionado o dimitido. Si el número de libros afectados es mayor o
menor es anecdótico. El peligro potencial, y real desgraciadamente, en que
durante meses se ha encontrado este fondo documental especializado, exige otro
tipo de reparación política y ética.
Se nos
ocurren varias preguntas: ¿Cómo Álvaro Rodríguez Fominaya puede compatibilizar
almacenaje de fondos bibliográficos junto a depósitos de gasoil?, ¿Donde
adquirió tamaña ciencia metodológica?, ¿Cómo interpretar el silencio y la falta
de acción de Antonio Jesús Lucas cuando tiene noticias de este hecho? ¿Abulia
personal o marca de la casa?, ¿Qué técnicos pintorescos rodean a Juan Antonio
Álvarez Reyes?, ¿Aplica estos criterios en la preservación de los fondos del
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo?
La
plataforma ciudadana “La Filmoteca se queda” ha pedido insistentemente en
cuantos encuentros políticos ha
celebrado (con Rosa Aguilar, con el delegado provincial en Córdoba de la
Consejería de Cultura, con los representantes políticos del Ayuntamiento de
Córdoba...), así como en cuantos comunicados ha ido informando a la opinión
pública sobre sus gestiones, la devolución de esos fondos de videoteca y
biblioteca a la sede de la Filmoteca de Andalucía en Medina y Corella, por
entender que era allí donde encontraban su lógica rentabilidad social y la
coherencia de su existencia, por considerar que era allí donde su consulta y
conservación estaban garantizados. Pero la absurda decisión que Rosa Aguilar
adoptó en su momento, no corregida pese a nuestras demandas, nos ha llevado a
esta situación.
José María Báez
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