Otro contexto para las pacelaciones ilegales

El derecho a una vivienda digna fue entendido por el franquismo de una única manera; tenerla en propiedad. Con ello se quería, por un lado, poner un dique a una creciente conflictividad social a la vez que se favorecía al negocio bancario, y por otro se dificultaba el modelo más sostenible; el alquiler. Esta idea caló en la sociedad y ha permanecido inmutable hasta hoy, convirtiendo al Reino de España en el país de la Europa occidental con un mayor porcentaje de propietarios de viviendas. El uso de un modelo, poco sostenible para acceder a un derecho social, no solo fue política del franquismo y de la derecha, el PSOE en 1982, seguía esta filosofía, al convertir en funcionarios vitalicios a trabajadores públicos que reivindicaban la estabilidad mediante un contrato laboral. Ambas medidas han marcado el devenir del capitalismo español en dos aspectos claves; la propiedad y el empleo.

"Propietarios y no proletarios"

En el acceso a una vivienda digna las líneas maestras las da José Luis Arrese (1905-1986), primer ministro de vivienda del Estado español, que enuncia la máxima que guiará el destino de la vivienda en nuestro país: “Queremos un país de propietarios y no de proletarios”, con ello acababa con las políticas de alquiler, que regían en España hasta ese momento, 1956. Es el mismo Arrese, el que con la frase "primero la vivienda y después, urbanismo", quien pone la base de lo que ha llegado a ser el caos urbanístico de este país; primero construyendo casi 6 millones de pisos de baja calidad entre 1961 y 1976 y después, abriendo la puerta a la mayor burbuja inmobiliaria del continente europeo, que estalla en 2008 y cuyas consecuencias aun sufrimos. Tanto ha calado esa filosofía de la propiedad en la sociedad española que aún hoy, se espera con ansiedad que las nuevas generaciones vuelvan a apostar por ser “propietarios y no proletarios”. Sin embargo, la crisis del capitalismo en el Reino de España con su incapacidad para generar empleo de calidad, deja a las nuevas generaciones en tierra de nadie; ni propietarios, ni proletarios. Solo los hoy privilegiados que acceden a la función pública tienen la oportunidad de practicar el modelo de Arrese.

Las consecuencias del modelo están a la vista. Al primar la vivienda en propiedad frente al alquiler, se ha alimentado al negocio bancario y con este, a la burbuja inmobiliaria. Con construir la vivienda primero y planificar después, además de potenciar la construcción de nuevas viviendas, frente a la rehabilitación de antiguas, ha incrementado las zonas urbanizables, dando la impresión de que todo el territorio podría serlo, con ello aparecen las parcelaciones ilegales.

El caso de Andalucía

En Andalucía (aunque no es exclusivo de ella) tras la transición, los partidos de izquierda alcanzan amplias cotas de poder municipal y hacen suyo el modelo franquista de acceso a la vivienda. A veces con la justificación de que las capas más desfavorecidas también tenían derecho a una vivienda en propiedad, autorizaron o no hicieron nada para impedir la parcelación de terrenos agrícolas donde por poco dinero podían construirse viviendas. Viviendas que pronto dejaron de ser primeras residencias para ser segundas residencias con las que se cumplían el sueño de aquellos que querían beneficiarse del boom de la construcción, pero sin las limitaciones y costes de una ordenación del territorio. Los ayuntamientos, de izquierda y derecha, que se financiaban en gran medida con la burbuja inmobiliaria, prorrogaron por acción u omisión, la máxima de Arrese de “primero la vivienda después el urbanismo”, aunque ahora básicamente era para una segunda vivienda. Como dato curioso, y que da idea de la implantación del modelo, están los cientos o miles de turistas europeos que se animaron a comprar terrenos, en zonas agrícolas no urbanizables, para construir sus residencias, algo que era impensable en sus países de origen. La consecuencia; una desordenación del territorio que representa la mayor hipoteca para lograr una ordenación racional y coherente de buena parte del territorio andaluz. Córdoba es un modelo de lo que decimos, sus parcelaciones ilegales ocupan una extensión igual o superior a la del territorio legalmente ordenado.

Un problema que tiene su origen en el primer franquismo, y que podría haber terminado con él, pese a los muchos planes y legislación, no solo no ha desaparecido, sino que se ha incrementado llegando hasta los primeros años del siglo XXI. Solo el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 ha hecho que el problema deje de crecer. Con la crisis económica lo que era un problema de ordenación del territorio se convierte en un conflicto social de difícil solución, dado que han pasado decenas de años desde la construcción de las viviendas. Por ello entre los afectados toma cuerpo la idea de que la única salida es la legalización pura y dura de todo lo realizado, cosa que en parte confirma la administración autonómica, véase el caso de las legalizaciones de viviendas de extranjeros en Málaga y Granada por la modificación de la LOUA (2016). 
“Economía colaborativa”

Habría también que analizar este conflicto a la luz del nuevo modelo de economía basada en el uso de internet, con el que asistimos a una nueva presión sobre el derecho a una vivienda digna, que empieza a manifestarse con la subida de los precios de los alquileres. El boom turístico está en la base de la llamada “economía colaborativa” por la que propietarios de viviendas pueden usarlas como herramientas generadoras de nuevos ingresos. Este modelo está pensado para personas o grupos financieros que poseen varias viviendas en propiedad, las primeras residencias en principio quedan fuera. Para esta “economía colaborativa” no importa que las viviendas estén en urbanizaciones legales o ilegales siempre que haya demanda turística. El proceso es sencillo, solo tienes que ofrecer tu vivienda en una web, las más usuales, Airbnb, Windu y Homeaway y empezar a recibir huéspedes. Estas viviendas ofrecidas para cortas estancias escapan a las regulaciones del negocio hotelero y están teniendo un gran éxito especialmente en las zonas céntricas de las ciudades o en las zonas costeras o rurales, con el consiguiente aumento del precio de los alquileres. Los ingresos se gestionan usualmente en la economía sumergida, por hacerlo de forma legal se recibe el título de emprendedor o emprendedora algo muy valorado en esta etapa de un capitalismo incapaz de generar empleo de calidad para amplias capas de la población.

Volvamos al conflicto de las viviendas en parcelaciones ilegales. Los municipios deben tener en cuenta, primero, que la situación económica de estos propietarios, ha empeorado notablemente, no en vano la mayoría de los ocupantes que la usan como primeras residencias, pertenecen a las clases más afectadas por la crisis. En segundo lugar, que estas viviendas tienen problemas con servicios básicos, especialmente el del agua, ya que se abastecen de pozos y no de la red municipal. Están además apareciendo problemas de salubridad al tener servicios precarios de saneamiento y electricidad y por último sufren los efectos del cambio climático; las sequias prolongadas, seguidas de lluvias torrenciales, afectan a las viviendas, en general de familias humildes, situadas en lugares sensibles, (legalizados o no) como arroyos, laderas, zonas inundables, … En conclusión, lo que era un problema de ordenación del territorio deviene en un conflicto social.

¿Quién paga la factura?

La solución de legalizar lo construido y recibir los servicios básicos para las viviendas que son primera residencia, choca, además de con la legalidad vigente, algo superable, con: ¿Quién paga la factura de la construcción de los servicios que necesitan? Nunca debería cargarse sobre el conjunto del vecindario, ya que entre ellos los hay que sufren el desahucio, el corte de luz y el agua por impagos, sin embargo, dejar a estas viviendas sin un servicio básico, como el agua, tampoco es aceptable. Superar esta contradicción no es fácil y por tanto debe ser el objetivo principal. Para ello proponemos como primera medida, hacer a los municipios lugares donde se respeten los derechos sociales mínimos de las personas que lo habitan. La segunda priorizar las políticas municipales en las primeras residencias y hacer que las segundas residencias corran con los gastos de recepción de servicios y de ordenación del territorio. La tercera, elaborar normativas para controlar la “economía colaborativa “creando para ello un registro de viviendas, y dejar claro que incumplir las normativas será sancionado.

Para acometer las medidas que minimicen el conflicto y alcanzar un necesario consenso social se necesitaría: 1º Definir qué derechos sociales deben recibir los habitantes censados en nuestra ciudad sea cual sea su posición social. 2º Determinar las necesidades mínimas de consumo de agua y luz por hogar y habitante, que puede cubrir el municipio, para las familias necesitadas. 3º Buscar la forma de financiar estas necesidades mediante impuestos municipales dirigidos especialmente a la actividad turística. 4º Establecer un plan de compra de viviendas por parte del municipio que incluya también a las situadas en parcelaciones ilegales, para aumentar de forma significativa el parque de viviendas en alquiler. 5º Desarrollar un proceso de consulta al vecindario, mediante la elección por sorteo, entre residentes, de vecinos y vecinas que tras ser informados, por personas expertas de las diferentes propuestas y tendencias, tracen un plan de municipalización de las viviendas y los servicios del municipio. El plan en último término deberá ser aprobado en referéndum por la ciudadanía.

El objetivo final será; pasar poco a poco de una ciudad de personas propietarias de viviendas individuales, a una ciudad propietaria de viviendas y con unos servicios mínimos dignos para todas.

Diego Llanes Ruiz