El derecho a una vivienda digna fue
entendido por el franquismo de una única manera; tenerla en propiedad. Con ello
se quería, por un lado, poner un dique a una creciente conflictividad social a
la vez que se favorecía al negocio bancario, y por otro se dificultaba el
modelo más sostenible; el alquiler. Esta idea caló en la sociedad y ha
permanecido inmutable hasta hoy, convirtiendo al Reino de España en el país de
la Europa occidental con un mayor porcentaje de propietarios de viviendas. El
uso de un modelo, poco sostenible para acceder a un derecho social, no solo fue
política del franquismo y de la derecha, el PSOE en 1982, seguía esta
filosofía, al convertir en funcionarios vitalicios a trabajadores públicos que
reivindicaban la estabilidad mediante un contrato laboral. Ambas medidas han
marcado el devenir del capitalismo español en dos aspectos claves; la propiedad
y el empleo.
"Propietarios y no proletarios"
En el acceso a una vivienda digna las
líneas maestras las da José Luis Arrese (1905-1986), primer ministro de
vivienda del Estado español, que enuncia la máxima que guiará el destino de la
vivienda en nuestro país: “Queremos un país de
propietarios y no de proletarios”, con ello acababa con las políticas de
alquiler, que regían en España hasta ese momento, 1956. Es el mismo Arrese, el
que con la frase "primero
la vivienda y después, urbanismo", quien pone la base de lo que ha
llegado a ser el caos urbanístico de este país; primero construyendo casi 6
millones de pisos de baja calidad entre 1961 y 1976 y después, abriendo la
puerta a la mayor burbuja inmobiliaria del continente europeo, que estalla en
2008 y cuyas consecuencias aun sufrimos. Tanto ha calado esa filosofía de la
propiedad en la sociedad española que aún hoy, se espera con ansiedad que las
nuevas generaciones vuelvan a apostar por ser “propietarios y no
proletarios”. Sin embargo, la crisis del capitalismo en el Reino de España
con su incapacidad para generar empleo de calidad, deja a las nuevas
generaciones en tierra de nadie; ni propietarios, ni proletarios. Solo los hoy
privilegiados que acceden a la función pública tienen la oportunidad de
practicar el modelo de Arrese.
Las consecuencias del modelo están a la
vista. Al primar la vivienda en propiedad frente al alquiler, se ha alimentado
al negocio bancario y con este, a la burbuja inmobiliaria. Con construir la
vivienda primero y planificar después, además de potenciar la construcción de
nuevas viviendas, frente a la rehabilitación de antiguas, ha incrementado las
zonas urbanizables, dando la impresión de que todo el territorio podría serlo,
con ello aparecen las parcelaciones ilegales.
El caso de Andalucía
En Andalucía (aunque no es exclusivo de
ella) tras la transición, los partidos de izquierda alcanzan amplias cotas de
poder municipal y hacen suyo el modelo franquista de acceso a la vivienda. A
veces con la justificación de que las capas más desfavorecidas también tenían
derecho a una vivienda en propiedad, autorizaron o no hicieron nada para
impedir la parcelación de terrenos agrícolas donde por poco dinero podían
construirse viviendas. Viviendas que pronto dejaron de ser primeras residencias
para ser segundas residencias con las que se cumplían el sueño de aquellos que
querían beneficiarse del boom de la construcción, pero sin las limitaciones y
costes de una ordenación del territorio. Los ayuntamientos, de izquierda y
derecha, que se financiaban en gran medida con la burbuja inmobiliaria,
prorrogaron por acción u omisión, la máxima de Arrese de “primero la vivienda
después el urbanismo”, aunque ahora básicamente era para una segunda
vivienda. Como dato curioso, y que da idea de la implantación del modelo, están
los cientos o miles de turistas europeos que se animaron a comprar terrenos, en
zonas agrícolas no urbanizables, para construir sus residencias, algo que era
impensable en sus países de origen. La consecuencia; una desordenación del
territorio que representa la mayor hipoteca para lograr una ordenación racional
y coherente de buena parte del territorio andaluz. Córdoba es un modelo de lo
que decimos, sus parcelaciones ilegales ocupan una extensión igual o superior a
la del territorio legalmente ordenado.
“Economía colaborativa”
Habría también que analizar este conflicto
a la luz del nuevo modelo de economía basada en el uso de internet, con el que
asistimos a una nueva presión sobre el derecho a una vivienda digna, que
empieza a manifestarse con la subida de los precios de los alquileres. El boom
turístico está en la base de la llamada “economía
colaborativa” por la que propietarios de viviendas pueden usarlas como
herramientas generadoras de nuevos ingresos. Este modelo está pensado para
personas o grupos financieros que poseen varias viviendas en propiedad, las
primeras residencias en principio quedan fuera. Para esta “economía
colaborativa” no importa que las viviendas estén en urbanizaciones legales
o ilegales siempre que haya demanda turística. El proceso es sencillo, solo
tienes que ofrecer tu vivienda en una web, las más usuales, Airbnb, Windu y
Homeaway y empezar a recibir huéspedes. Estas viviendas ofrecidas para cortas
estancias escapan a las regulaciones del negocio hotelero y están teniendo un
gran éxito especialmente en las zonas céntricas de las ciudades o en las zonas
costeras o rurales, con el consiguiente aumento del precio de los alquileres.
Los ingresos se gestionan usualmente en la economía sumergida, por hacerlo de
forma legal se recibe el título de emprendedor o emprendedora algo muy valorado
en esta etapa de un capitalismo incapaz de generar empleo de calidad para
amplias capas de la población.
Volvamos al conflicto de las viviendas en
parcelaciones ilegales. Los municipios deben tener en cuenta, primero, que la
situación económica de estos propietarios, ha empeorado notablemente, no en
vano la mayoría de los ocupantes que la usan como primeras residencias,
pertenecen a las clases más afectadas por la crisis. En segundo lugar, que
estas viviendas tienen problemas con servicios básicos, especialmente el del
agua, ya que se abastecen de pozos y no de la red municipal. Están además
apareciendo problemas de salubridad al tener servicios precarios de saneamiento
y electricidad y por último sufren los efectos del cambio climático; las
sequias prolongadas, seguidas de lluvias torrenciales, afectan a las viviendas,
en general de familias humildes, situadas en lugares sensibles, (legalizados o
no) como arroyos, laderas, zonas inundables, … En conclusión, lo que era un
problema de ordenación del territorio deviene en un conflicto social.
¿Quién paga la factura?
La solución de legalizar lo construido y
recibir los servicios básicos para las viviendas que son primera residencia,
choca, además de con la legalidad vigente, algo superable, con: ¿Quién paga la
factura de la construcción de los servicios que necesitan? Nunca debería
cargarse sobre el conjunto del vecindario, ya que entre ellos los hay que
sufren el desahucio, el corte de luz y el agua por impagos, sin embargo, dejar
a estas viviendas sin un servicio básico, como el agua, tampoco es aceptable.
Superar esta contradicción no es fácil y por tanto debe ser el objetivo
principal. Para ello proponemos como primera medida, hacer a los municipios
lugares donde se respeten los derechos sociales mínimos de las personas que lo
habitan. La segunda priorizar las políticas municipales en las primeras
residencias y hacer que las segundas residencias corran con los gastos de
recepción de servicios y de ordenación del territorio. La tercera, elaborar
normativas para controlar la “economía colaborativa
“creando para ello un registro de viviendas, y dejar claro que incumplir
las normativas será sancionado.
El objetivo final será; pasar poco a poco
de una ciudad de personas propietarias de viviendas individuales, a una ciudad
propietaria de viviendas y con unos servicios mínimos dignos para todas.
Diego Llanes Ruiz